Mientras De Gaulle enfurecía al resto del mundo, una encuesta elaborada a principios de marzo por el periódico conservador fran­cés Le Figaro mostró que el 61 por ciento de los franceses aprobaban la política exterior del presidente, mientras que tan sólo el 13 por ciento la desaprobaba. Por supuesto, no tener buen concepto de De Gaulle podía resultar complicado en Francia, tal como comprobó el respetado periodista Francois Fontievielle-Alquier cuando acabó an­te los tribunales en marzo de 1968 por una ley de ochenta y siete años de antigüedad que castigaba las críticas al presidente. La acusación ci­tó doce pasajes del nuevo libro del periodista, Re-Learn Disrespect, que atentaban con «ofensas al honor» contra el presidente de la Repúbli­ca. La ley, aprobada el 29 de julio de 1881, preveía penas de cárcel de hasta tres años o multas desde los 100 a los 300.000 francos, por «in­fracciones» en forma de «discursos, gritos, amenazas en lugares pú­blicos, textos escritos, artículos en la prensa».

Desde que De Gaulle fue investido presidente, esa ley se había in­vocado trescientas veces. En una ocasión, se multó a un hombre con quinientos francos por gritar «¡Retírese ya!» cuando pasaba el coche en que viajaba De Gaulle. […]

Francia recurrió a De Gaulle para que pusiera fin a la crisis arge­lina, no para que reformara el Estado francés. Pocos monarcas mo­dernos y ningún jefe de Estado democrático han disfrutado del gra­do de poder absoluto que De Gaulle garantizó por Constitución al presidente de la Quinta República, que, en un futuro inmediato, se­ría él mismo. El presidente tiene el derecho de disolver el Parlamen­to, ya sea a través de la convocatoria de un referéndum o mediante decreto. El presidente también redacta la agenda de la legislatura, decide qué proyectos de ley se debatirán y qué versiones de esos pro­yectos. Puede bloquear propuestas de reducir impuestos o de aumen­tar el gasto. Si un presupuesto no se aprueba en setenta días, el pre­sidente tiene derecho a decretar otro. […]

A mediados de los sesenta, los precios estaban subiendo en Fran­cia y el gobierno creía que la inflación amenazaba la economía. El re­pentino crecimiento de población debido a la inmigración de alre­dedor de un millón de norteafricanos contribuyó a la subida de precios. El desempleo también empezó a crecer.

En 1967 el gobierno decretó una serie de medidas destinadas a combatir los problemas económicos. A la clase trabajadora le dio la sensación de ser el objetivo de semejantes medidas. Los salarios se mantuvieron bajos, y la contribución de los trabajadores a la seguri­dad social subió a causa del coste añadido que supuso que los traba­jadores agrícolas pasaran a cotizar. Un 1 de mayo lluvioso volvió a ce­lebrarse, tras quince años de ausencia, la tradicional manifestación.
 
(KURLANSKY, M., (2004): “1968, El año que conmocinó al mundo”, Barcelona: Ediciones Destino, p.p. 276, 281, 284)